Los recortes en educación podrían provocar una fractura social

Asamblea de Indignados, Bruselas, 2011.
Foto: Jérôme Van Den Brande //

Según Platón la educación es la vía para una sociedad justa. Asimismo, su discípulo Aristóteles afirma en su obra Política que la educación debe ser pública e igual para todos, y corresponde al poder legislativo ampararla, garantizando, el hombre formado, el progreso.

Los repetitivos recortes en el sector de la educación muestran el desacuerdo de los gobiernos europeos de la austeridad con la visión de la educación como el motor de progreso del Estado de Aristóteles y la sociedad justa de Platón.

En el caso español, el gobierno, con la obsesión de reducir la deuda pública, aprobó el 20 de abril el Real Decreto Ley 14/2012 de Medidas Urgentes de Racionalización del gasto Público en el ámbito educativo. Con estas medidas el gobierno calcula ahorrar 3.000 millones de euros. Pero ¿ha calculado el coste social? y, ¿ha valorado las consecuencias para la prosperidad del país?

En un contexto socioeconómico de gran dificultad, los recortes en educación, además de un retroceso democrático, pueden generar una sensación social de abandono y, consecuentemente, rechazo al Estado como protector social.

El desempleo ya se está cebando con las familias españolas. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de paro en el primer trimestre de 2012 era del 24,44%. Por otro lado, la encuesta de condiciones de vida de 2011 alertaba de que el 21,8% de la población residente en España estaba por debajo del índice de la pobreza, y el 26,1% de los hogares manifestaba llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad. Con lo cual, casi la mitad de las familias españolas (47,9%) ya padecía graves problemas económicos en 2011.

El constante aumento de los impuestos, y ahora el encarecimiento de las tasas universitarias agrava esta situación, castigando a los ya golpeados por la crisis. El aumento del coste de las matrículas de un 15-25%, y un 90-100% del coste real, dependiendo del año que se curse, podría ser un obstáculo para el acceso y la finalización de los estudios universitarios. Esto se traduce en un coste adicional de entre 300 y 360 euros anuales. Algunos jóvenes se podrían ver obligados a renunciar a la universidad; otros muchos quizás tengan que compatibilizar, ahora más que nunca, universidad y trabajo. La fatiga resultante podría reducir su rendimiento. Los resultados académicos, por lo tanto, podrían no ser reflejo de las capacidades de los estudiantes ni de su esfuerzo, sino de su situación económica. Sin embargo, dichos resultados podrían ser determinante para la obtención de una beca, viéndose muchos jóvenes atrapados en este círculo vicioso de precariedad y esfuerzo sin recompensa. De hecho, según publica El País, el gobierno quiere exigir el 85% de aprobados para la mayoría de las carreras universitarias y 65% para las técnicas; y en el caso de las llamadas becas-salario, un 100% y un 85%, respectivamente.

Esta situación injusta podría provocar una fractura social basada en la posibilidad de acceso o no a la universidad dependiendo de la situación económica de cada uno. La cordialidad entre jóvenes de familias modestas y las más adineradas, y contra el sistema en sí, se podría ver afectada. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alerta en su Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2012 de que los altos niveles de desempleo y el incremento de las desigualdades están avivando las tensiones sociales a nivel mundial.

Con respecto a los másteres, según el nuevo decreto ley, el coste será de entre el 40 y el 50% del coste real de la primera matrícula, y entre el 65 y el 75% de la segunda matrícula para aquellos másteres que “no sean necesarios para el ejercicio de una profesión”. Esta condición es, como poco, subjetiva ya que hoy en día un máster no garantiza un puesto de trabajo, al igual que un máster “no directamente relacionado con los estudios cursados” puede servir para diversificar y, por lo tanto, abrir el abanico de posibilidades para el buscador de empleo. ¿Por qué penalizar la búsqueda de alternativas en un mercado laboral tan competitivo e ineficiente? Además, muchos son los jóvenes que se ven obligados a seguir estudiando debido a la falta de empleo. ¿Por qué ponerles las cosas aún más difíciles? ¿No es esta situación, si no culpa, responsabilidad del Estado?

La educación es un derecho fundamental básico protegido por la Constitución Española. El Artículo 27 establece que: “todos (los ciudadanos) tienen derecho a la educación”, siendo esencial para el “desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Además de un ataque a la Constitución y a la igualdad de oportunidades en un país democrático, la austeridad en el sector de la educación es una mala estrategia para el futuro de España en un mundo competitivo, y atenta contra el porvenir de las nuevas generaciones. Tampoco sigue las recomendaciones de la Unión Europea que, en 2010, con el objetivo de salir de la crisis, crear una Europa más preparada y competitiva, y reducir el paro juvenil, puso en marcha la estrategia Europa 2020. El plan apuesta por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y, para ello, recomienda a los Estados miembro la inversión en educación y aprendizaje. Siendo la educación uno de los cinco objetivos fundamentales, la estrategia pretende conseguir –entre otras cosas- que al menos un 40% de los ciudadanos europeos de 30 a 34 años hayan completado estudios de nivel terciario en 2020.

Este enfoque Europeo reafirma la teoría de Aristóteles de educación igual a desarrollo y oportunidades. Pero además, la estrategia EU2020 ve la educación como componente esencial de cohesión social e integración (ver Conclusiones del Consejo sobre el papel de la educación y de la formación en la aplicación de la Estrategia Europa 2020) – dos elementos que necesita una sociedad cada vez más radicalizada debido a la situación desesperada actual y la falta de perspectivas de futuro.

Por el momento el gobierno sigue obcecado con reducir la deuda pública, aunque sea sacrificando el futuro de los jóvenes y ponga en riesgo la estabilidad social. Pero lo que más necesita la sociedad española es esperanza, y la educación la da: especialmente a los parados y a sus hijos. Les ayuda a vislumbrar un futuro y luchar porque sea mejor que el pasado donde lo perdieron todo.

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2 Respuestas a “Los recortes en educación podrían provocar una fractura social

  1. se estan cebando con esta sociedad que esta pagando las consecuencias de la crisi al menos deberian dar la opcion de elegir si estudiar o no y no condicionar a los jovenes x su situacion economica.dios mio que va a ser de estas generaciones perdidas

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